Al final de una carretera sin pavimentar, en un boquete hecho un barranco de color amarillento, comienza el segundo puente internacional que comunicará a Colombia con Ecuador.
Es una construcción de cemento y acero, de 160 metros de largo por diez de ancho, que cruza sobre las aguas corrientosas del río San Miguel. Sesenta obreros trabajan allí de siete de la mañana a cuatro de la tarde bajo un sol achicharrante.
Víctor Ayancha, un descendiente de indígenas de la provincia ecuatoriana de Cotopatsi, es el maestro de la obra. El calcula que el puente y los accesos estarán listos en unos cuatro o cinco meses. El gobernador del Putumayo, Jorge Fuerbringer, afirma que la obra será inaugurada el 18 de agosto.
El puente, que tiene un costo de tres millones de dólares, fue cofinanciado por partes iguales entre los gobiernos de Ecuador y Colombia. En este punto comienza el proyecto de la vía Marginal de la Selva o Troncal del Magdalena, la cual conectará a la frontera con la Costa Atlántica en 32 horas.
En ese momento, los puentes no están capacitados para tráfico pesado y buena parte de la carretera hacia Nariño y el Huila es casi una trocha.
A lado y lado del río San Miguel, en la provincia de Sucumbios, en Ecuador y en el departamento de Putumayo, en Colombia, existe expectativa por lo que pueda generar el nuevo puente.
Para el alcalde La Hormiga, Felipe Alfonso Guzmán, El puente traerá beneficios para la región siempre y cuando el gobierno invierta en infraestructura de servicios, vías y producción, si no lo hace, el puente internacional va a dinamizar un proceso de corrupción social, contrabando, narcotráfico y huida de maleantes .
El presidente del concejo de Orito, Alirio Martínez Vega, opina que el nuevo puente tiene que acelerar la construcción de la Marginal de la Selva, incrementar el comercio y fomentar el ingreso de productos agrícolas y manufacturados desde Ecuador.
Desde enero de este año decenas de campesinos colombianos pasan a pie por el puente, en medio de los obreros, y abordan alguna de las camionetas que llegan esporádicamente de Lago Agrio, la ciudad ecuatoriana más cercana, a unos 25 kilómetros.
Pero la mayor parte de la gente que va de un país a otro todavía lo hace por río, en un recorrido de 40 minutos entre los caseríos San Miguel, en Colombia, y La Punta, en Ecuador. El puente está construido entre las dos poblaciones.
San Miguel está a más de media hora, aguas arriba, desde el puente. Allí, en una calle angosta, bordeada por restaurantes, billares, cacharrerías y pensiones, terminaba la carretera que viene del interior de Colombia. La vía que lleva al puente internacional pasa a casi un kilómetro del pueblo.
El billete se queda allá El comercio ha bajado. Hace un año hacía 18 viajes semanales hasta La punta, ahora hago la mitad. , dice Jair Acero, un boyacense, dueño de un bote con motor fuera de borda y presidente de la Cooperativa de Motoristas de San Miguel.
En La punta también hay preocupación: un miembro de la cooperativa Las fieras del agua , integrada por treinta dueños de chalupas, piensa que se van a quedar sin trabajo cuando el puente entre en servicio.
Cootransfrontera es la otra cara de la moneda. Es una cooperativa de San Miguel que aspira cubrir la ruta desde ese caserío hasta territorio ecuatoriano con unos 40 camperos y camionetas.
En esta parte de la frontera colombiana no existe oficina de aduanas, ni guarnición militar. En San Miguel hay un puesto de policía cuya atención es acaparada por la amenaza latente de la guerrilla.
Los contrabandistas de ganado, víveres, electrodomésticos y armas van y vienen en total libertad. El único puesto de control está ubicado en La punta. Allí, los soldados de las fuerzas especiales del Ecuador piden la cédula, anotan los nombres en un cuaderno y requisan las maletas de los colombianos que ingresan a ese país.
Según el gobernador, Jorge Fuerbringer, este año el gobierno nacional construirá un centro de atención fronterizo cerca al puente. Allí funcionarán oficinas del Das, la DIAN y sanidad para control animal y vegetal.
Se ha venido ganado con aftosa, y tenemos un problema de migración. El ecuatoriano trabaja más barato y desplaza a los nuestros. Y si un colombiano va a Ecuador le ponen miles de trabas y a veces lo sacan a empellones , dice el gobernador.
Carlos Eduardo Rodríguez, promotor de Juntas Comunales en San Miguel, piensa que los más beneficiados con el puente son los ecuatorianos. Su fórmula es simple: Los colombianos que viajan a Ecuador van a comprar, y los ecuatorianos que entran a Colombia, vienen a vender. De todos modos ellos se quedan con el billete .
Esta situación se debe a que en el bajo Putumayo los campesinos abandonaron la agricultura para dedicarse a los cultivos ilícitos. La red vial está en malas condiciones en todo el departamento y la falta de servicios públicos hacen literalmente imposible la creación de cualquier tipo de industria.
El área de influencia inmediata del nuevo puente abarca los municipios de San Miguel, Valle del Guamués (La hormiga) y Orito. Puerto Asís, el mayor centro comercial del Putumayo se halla a seis horas del puente internacional.
Un ecuatoriano feliz Con el puente se van a dar cinturones de miseria, va a venir mucha gente y las ciudades no están preparadas para recibirla , dice Serafín Merino Rosero, del Comité para el Desarrollo del Putumayo.
Casi todo el comercio del bajo Putumayo se nutre del contrabando. Muy cerca al puente internacional, seis reses con el agua al cuello cruzan lentamente las aguas color tabaco del río San Miguel. Van amarradas con rejos a los bordes de una angosta embarcación de madera. Los animales llevan los ojos desorbitados y apenas se oyen sus mugidos apagados.
Cientos de gallinas llegan en grandes jaulas de guadua. Toneladas de aceite de cocina, manteca, tanques de gas, cerdos, televisores, grabadoras, hierro... Ecuador es el supermercado de los colombianos.
Una de las personas que más deja ver su felicidad con la construcción del puente es Pedro Vélez, el alcalde de la provincia de Sucumbios, en Ecuador. Su oficina está en Lago Agrio, el principal centro petrolero del Ecuador, donde habitan treinta mil personas en medio de un calor apabullante.
Vélez afirma que el puente internacional va a favorecer el comercio hacia Colombia y que puede atraer más turistas nacionales y extranjeros al parque natural de Cuyabero, una de las principales reservas naturales del vecino país.
Según Vélez, antes de un año comenzará la pavimentación de la carretera hasta el puerto de Esmeraldas en el Pacífico, con lo cual el recorrido se reduciría de ocho a cinco horas. Quito, la capital, está a seis hora por tierra. Vélez afirma que Lago Agrio, además, tiene un aeropuerto con capacidad para recibir grandes aeronaves.
La contraparte, el municipio colombiano de San Miguel (ver recuadro), está habitado por 13.500 personas. Aquí la presencia del Estado no se ve por ninguna parte.
La dorada, una ardiente población del sur del Putumayo, es la negación de lo que debe ser una cabecera municipal: no hay pavimento, ni energía eléctrica, ni alcantarillado. No tiene plaza de mercado, ni matadero, ni puesto de salud, ni bancos, ni estación de policía, ni oficina de Telecom. Tampoco hay juzgado ni fiscalía.
El municipio tiene alcalde, pero este no tiene escritorio. Trabaja en una mesa que llevó de su casa. El coordinador de educación atiende desde un asiento prestado y un pupitre deteriorado. Los funcionarios municipales no disponen ni de una bicicleta oficial para visitar las 42 veredas que conforman el municipio de San Miguel, creado en julio de 1994 por el gobierno nacional.
Al municipio lo segregaron del Valle del Guamués para que tuviera autonomía y herramientas jurídicas por ser frontera , dice un funcionario de la alcaldía que prefiere omitir su nombre.
San Miguel está habitado por colonos del Cauca y Nariño, especialmente. Buena parte de ellos vive de los cultivos ilícitos. El casco urbano es patrullado a veces por efectivos militares. Según el funcionario, en las zonas rurales la guerrilla impone su ley. En opinión del gobernador del Putumayo, Jorge Fuerbringer, La dorada es de las regiones más violentas del Putumayo.
Los seis funcionarios municipales y los 28 maestros cofinanciados con la nación no reciben sueldo desde abril. El acueducto presta servicio una hora al día. A pesar de esta situación, el alquiler de una pieza vale 40.000 pesos mensuales y un local de regular tamaño, alrededor de 300 mil pesos.
El municipio es dueño de dos máquinas de escribir, portátiles; un puesto de salud en obra negra; y otro, en el que atiende una enfermera, en el caserío de San Miguel, un tanque elevado, un casalote, dos escuelas urbanas y un colegio que cubre el 30 por ciento de las necesidades. Tiene unas 50 cantinas y tres residencias.
La Dorada, donde funciona la alcaldía del municipio de San Miguel, está ubicada a unos 30 minutos del puente internacional. Ese es el rostro de Colombia en este punto de la frontera.
Publicación
eltiempo.com
Sección
Información general
Fecha de publicación
2 de julio de 1995
Autor
José Navia
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